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El indicador adelantado del IPC sitúa su variación anual en el 0,0% en febrero, cinco décimas por debajo de la registrada en enero. En este comportamiento destaca la bajada de los precios de la electricidad, mayor este mes que en 2020. También influye que los precios de los servicios de alojamiento y los paquetes turísticos se incrementan este mes menos de lo que lo hicieron el año pasado. Cabe reseñar también, aunque en sentido contrario, la subida de los precios de los carburantes y combustibles, frente a la bajada registrada en febrero del año pasado. Por su parte, la tasa de variación anual estimada de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) disminuye tres décimas hasta el 0,3%, con lo que se sitúa tres décimas por encima de la del IPC general.

La propuesta de modificar el sistema de cotización de los trabajadores autónomos, sustituyéndolo del actual modelo libre con una base mínima y máxima de cotización por un modelo basado en los ingresos netos (mal llamados reales), tiene efectos importantes sobre los más de tres millones de personas que pertenecen a este régimen de la Seguridad Social, de los cuales una mayoría tendrá que cotizar más, mientras que para una minoría incluso supondría cotizar menos. Sin embargo, en el fondo no es una reforma que haga sostenible el sistema público de reparto, ya que los actuales autónomos más cercanos a la edad de jubilación se beneficiarán de un incremento más que proporcional en sus pensiones futuras.

Los trabajadores con rentas más altas cotizan a la Seguridad Social, de media, durante su vida laboral un 36% más de la pensión que reciben una vez abandonan el mercado laboral, según las el estudio de la Fundación Civismo sobre “La reforma silenciosa de las pensiones. El efecto sobre la equidad”. Cada vez más cotizantes se enfrentarán a una "reducción drástica de sus pensiones" cuando se jubilen como consecuencia de la existencia de esta inequidad intrageneracional en el Sistema. El 22% de los actuales afiliados contribuye por el tramo más elevado. En 2021, la pensión máxima es de 2.707 euros en catorce pagas mientras que la base máxima asciende a 4.404 euros.

El Sepe se compromete a actualizar cada mes los datos de los ingresos percibidos por los trabajadores en Erte y enviarlos a la AEAT con el fin de evitar que cuando llegue la declaración de la Renta de 2020, muchos de los beneficiarios de la prestación se lleven la sorpresa de que deben declarar a Hacienda más dinero del que les ha correspondido, según fuentes del Ministerio de Trabajo. Además, se ha establecido un procedimiento abreviado para agilizar la comunicación de los cobros indebidos a los afectados. en las próximas semanas empezarán a llegar las notificaciones alertando del cobro indebido. Sin embargo, el sistema se está implantando de forma gradual en las delegaciones provinciales, por lo que en muchas todavía se sigue realizando toda la tramitación de forma manual. Especialmente en las grandes ciudades. Además, el sistema detectará los errores, aunque la gente siga cobrando, pues hasta ahora se producía cuando un trabajador se diese de alta o de baja. Y acelerará los expedientes que todavía siguen pendientes de notificación.

Así lo ha determinado el TS en una sentencia en la que rechaza que se trate de un deber inexcusable, como así lo exige la ley, por lo que no puede ir aparejado de una compensación económica. El tribunal resuelve así el recurso interpuesto por varios sindicatos contra el Convenio colectivo de Banca

El Gobierno estudia inyecciones directas a las pymes y los autónomos durante cinco meses destinadas a sostener negocios viables y en tal sentido negocia con Bruselas y con la banca las fórmulas para drenar ese dinero a los negocios más castigados por la pandemia -bares, restaurantes y pequeños comercios, entre otros ámbitos-. El plan es salvar compañías viables, acreditando, con datos bancarios, que registraron resultados positivos en 2019 para evitar que los fondos vayan a empresas zombis en detrimento de compañías saneadas. Las ayudas que Moncloa baraja oscilan entre el 70% y el 75% de la facturación registrada por el negocio en 2019 prorrateado por los cinco meses contemplados.

Así lo ha determinado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid en una sentencia en la que recuerda que las tareas que realiza el bufete no se circunscriben únicamente al ámbito procesal (juicios), sino que también abarca labores de asesoramiento o negociación, entre otras. El tribunal recuerda que, para ejecutar un expediente de regulación temporal por fuerza mayor, la normativa exige la cancelación total de la actividad de la empresa. Un escenario que, no obstante, no se da en este caso. En primer lugar, "porque un despacho puede realizar funciones que van más allá de la actuación procesal", razona. Y segundo, porque la suspensión de plazos procesales establecida en un real decreto de marzo preveía determinadas excepciones.

La ministra de Trabajo ha trasladado a la Inspección su intención de reforzar normativamente su actuación para controlar las irregularidades en materia salarial y en los despidos colectivos. Unos cambios que se ampararán dentro del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para 2021-2023 actualmente en elaboración. Las reformas legales para dotar de una mayor legitimidad jurídica a los inspectores, incluye cambios en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social para castigar los incumplimientos salariales. Según otras fuentes, también se podrían plantear modificaciones en la regulación de la jurisdicción de lo social. Eso permitiría, por ejemplo, que los jueces de lo social pidan informes a la Inspección en materias como la modificación sustancial de las condiciones de Trabajo y en lo referente a ERE o Ertes.