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El TS frena a la Agencia Tributaria e impide a los inspectores que utilicen pruebas contra el contribuyente que encuentre casualmente en otro caso durante un registro de un domicilio o empresa. En concreto, el Supremo fija doctrina y establece que "Hacienda no puede utilizar pruebas obtenidas en registro a terceros que sean declaradas nulas por sentencia penal". La sentencia, de 14 de julio de 2021, dictamina como doctrina que "la Administración tributaria no puede realizar válidamente comprobaciones, determinar liquidaciones o imponer sanciones a un obligado tributario tomando como fundamento fáctico de la obligación fiscal supuestamente incumplida los documentos o pruebas incautados como consecuencia de un registro practicado en el domicilio de terceros (aunque se haya autorizado la entrada y registro por el juez de esta jurisdicción), cuando tales documentos fueron considerados nulos en sentencia penal firme, por estar incursos en vulneración de derechos fundamentales en su obtención".

El Gobierno español ha presentado este lunes el fondo público-privado Next Tech al que destinará 2.000 millones de euros públicos para impulsar el crecimiento de empresas tecnológicas y la inversión de proyectos tecnológicos de alto impacto. La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, ha señalado que el objetivo es movilizar recursos conjuntos en colaboración público-privada de 4.000 millones en un periodo inicial de cuatro años y "crear unicornios [startup que superan la valoración de 1.000 millones de dólares]". Si se movilizan dichos fondos se doblaría la capacidad de inversión pública de Francia, y España se situaría solo por detrás de Alemania en Europa. El Gobierno pretende con este fondo "modernizar la arquitectura financiera pública" para emprendimiento con medidas que complementen y amplíen los mecanismos de financiación de las startups para financiar operaciones a gran escala.

El Ministerio de Trabajo presentó a empresarios y sindicatos un nuevo borrador de la reforma laboral, según informaron fuentes de la negociación que prefirieron no desvelar el contenido de la nueva propuesta. La vicepresidenta advirtió de que la reforma del mercado laboral "se va a hacer" y los agentes sociales saben "muy bien" que tiene que estar publicada en el BOE antes del 31 de diciembre. La mesa no entró el miércoles a debatir la nueva propuesta de Trabajo, pues la reunión se centró en el contrato fijo de obra de construcción que Trabajo quiere derogar con un rechazo frontal de la CEOE que defiende que se trata de un modelo contractual pactado con los sindicatos.

Los empresarios enfocados a sectores emergentes mediante el mentoring o mentorazgo se podrán beneficiar de una legislación específica para un entorno concreto: las startups, según el Informe del Anteproyecto de Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes. Los emprendedores podrán optar a un tipo del Impuesto de Sociedades reducido en diez puntos, pasando del 25% al 15% en startups hasta en un máximo de cuatro años. Además, se incluye la posibilidad de que las startups soliciten el aplazamiento de la deuda tributaria del impuesto de sociedades o del impuesto sobre la renta de no residentes en el primer ejercicio en el que base imponible sea positiva y en el siguiente, con dispensa de garantías y sin devengo de intereses de demora, por un periodo de 12 y 6 meses respectivamente.

Los asesores fiscales alertan de que estos modelos carecen de instrucciones aprobadas y publicadas en el BOE. Los fiscalistas advierten de que la incorrecta cumplimentación de esos modelos puede conllevar sanciones al obligado tributario. La Asociación ha denunciado esta situación al Defensor del Pueblo, al Consejo para la Defensa del Contribuyente y al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, dando cuenta de ella ante el Pleno del Foro de Asociaciones y Colegios Profesionales celebrado esta semana. También ha recurrido ante el Tribunal Supremo el Real Decreto que desarrolla la Ley 10/2020 y, ante la AN, la Orden Ministerial que crea los formularios informativos 234, 235 y 236. Los asesores fiscales han presentado estos recursos atendiendo al carácter retroactivo, así como al escaso margen de actuación, y las diversas deficiencias técnicas, de la normativa que desarrolla la directiva de 2008 conocida como DAC 6.

El sector del comercio ha iniciado su recuperación, aunque no se espera que recuperen los niveles previos a la pandemia, al menos hasta el año que viene. Aunque siempre existen excepciones. Las ventas de electrodomésticos han avanzado un 66,7% en el primer cuatrimestre del año, según los datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos (Anfel). Pero no solo es eso, lo más importante es que están en torno a un 27% por encima de lo registrado en 2019. "El crecimiento obedece a unas mayores compras para el equipamiento del hogar, aunque habrá que ver que pasa ahora con la vuelta poco a poco a la normalidad". "Hay un ahorro acumulado, una renta disponible por parte de los consumidores, pero es probable que haya también una mayor partida del gasto que se destine a ocio y restauración", afirma el portavoz también de la Confederación Española del Comercio (CEC). Los últimos datos ponen de manifiesto, de hecho, que se está produciendo una ralentización.

Ya sea en jornadas de siete o de doce horas. En su sentencia, que se puede recurrir ante el Tribunal Supremo, el alto tribunal catalán determina que se debe declarar el derecho de los auxiliares de enfermería de disponer, dentro de su jornada laboral, de diez minutos para su aseo personal antes de la comida y de otros diez minutos antes de abandonar el trabajo, en el caso de las jornadas de doce horas. En el caso de las jornadas de siete horas, el TSJC también reconoce el derecho de los auxiliares de enfermería de disponer dentro de su jornada de trabajo de diez minutos para su aseo antes de abandonar su turno.

La Sala Cuarta del Tribunal Supremo reunida en pleno para examinar la incidencia de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de junio de 2021 en diversos recursos, ha decidido, por unanimidad, rectificar la aplicación que venía haciendo de su propia doctrina en relación a la duración del contrato de interinidad por vacante en el sector público. En aplicación de las previsiones legales y reglamentarias sobre el referido contrato, su duración máxima será la del tiempo que duren los procesos de selección para cubrir la vacante conforme a lo dispuesto en su normativa legal o convencional específica. A falta de previsión normativa la Sala entiende, con carácter general, que una duración superior a tres años debe considerarse injustificadamente larga, lo que comportará que el trabajador interino pase a ostentar la condición de indefinido no fijo. La primera de las sentencias deliberadas y votadas en el pleno se dará a conocer en breve.