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La entrada en vigor del Valor de referencia (VRM) -que permite a la Administración elevar el valor de los inmuebles al calcular la base imponible de los impuestos-, ha provocado una guerra administrativa y judicial con grandes dudas jurídicas y técnicas sobre la aplicación de este sistema de tasación. En la mayoría de casos, el valor no se corresponde con el de la escritura y excede el verdadero precio de mercado del inmueble, por lo que exigen más impuestos. De media, los valores impugnados superan en más de un 20% el precio real del inmueble.

Esta evolución es debida, principalmente, a la bajada de los precios de la electricidad, que subieron en septiembre de 2021. También influye, aunque en menor medida, el descenso de los carburantes, frente a la subida del año anterior, y la bajada del transporte. La tasa de variación anual estimada de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) disminuye dos décimas, hasta el 6,2%.

La Inspección de Trabajo va a vigilar la contratación de los trabajadores fijos discontinuos. Especialmente, en "algunos sectores", como la educación, "en los que se cometen abusos en este terreno desde hace décadas". No sólo con la contratación de profesores, sino también entre el personal de los comedores o de limpieza, afirma la Ministra de Trabajo. En el último año, e incluso antes de que entrase en vigor la reforma laboral en el pasado enero, la Inspección ha descubierto 14.601 empresas con trabajadores fijos discontinuos en situaciones irregulares. Eso ha conseguido la transformación de 25.870 contratos en fijos ordinarios. El 45,77 % de los empleos analizados. El contrato fijo discontinuo es uno de los preceptos más destacados de la reforma laboral. El Gobierno lo ha convertido en una fórmula más de empleo estable para sustituir a los contratos temporales. En esta línea de hacer cumplir la reforma laboral, anunció la inmediata puesta en marcha de un plan específico de la Inspección para revisar la situación de más de 290.000 trabajadores de tiempo parcial sobre los que tienen "indicios de que están realizando jornadas superiores a las declaradas". Por lo tanto, para reducir las horas extraordinarias que las empresas no pagan.

Nulidad radical de la conducta empresarial consistente en proporcionar valoraciones negativas de una exempleada a terceras empresas que la querían contratar y que llamaban para pedir referencias. Y en este caso, podría ser lícito que el responsable criticase el desempeño laboral de la empleada, pero se convierte en improcedente cuando realiza valoraciones relacionadas con el embarazo y con las demandas interpuestas por aquella para la reducción de jornada. Es lícita la grabación del gerente de una de las empresas en relación a contratación laboral de la trabajadora.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha resuelto a favor solo 95 de las alrededor de 4.000 reclamaciones realizadas por los dueños de licencias de VTC, que solicitaron una prórroga para continuar su actividad urbana a partir del 30 de septiembre de este año. A falta de unos días para que concluya el periodo transitorio, Transportes ha desestimado la gran mayoría de esas reclamaciones que pedían una moratoria adicional a los 4 años. En cuanto a las 95 admitidas, Transportes concede una indemnización complementaria muy diferente para cada caso, que oscila entre 1 año y 16 años de ampliación para que esos tenedores de licencias continúen con su actividad de transporte de viajeros en zonas urbanas.

Ante la urgencia de ingresos económicos para hacer frente a los gastos mensuales, trabajar sin cotizar a la Seguridad Social es la única salida realista que encuentran el 72% de las mujeres desempleadas con hijos encuestadas para el 10º Informe Monomarentalidad y Empleo de la Fundación Adecco. La jornada a tiempo parcial es la que más se ajusta a las necesidades de los hogares monomarentales consultados. En concreto, el 65,7% de las mujeres desempleadas está buscando un trabajo con jornada reducida, para ocuparse de sus hijos por las tardes.

Los expertos critican el escaso interés por revisar la norma. Las estadísticas distorsionan el impacto real de la Ley del Teletrabajo. Ante el elevado número de "lagunas", se advierte del alto grado de judicialización al que lleva la redacción actual de la norma y el desconocimiento sobre su alcance real, ante la falta de estadísticas diseñadas para el teletrabajo. "Quizás solo demandas judiciales, con eventual actuación previa de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, y tener datos estadísticos fiables sobre la magnitud del 'teletrabajo asalariado no regular' en España permita desembocar a que se regule específica y positivamente la materia".

Esta reforma tiene algunos efectos negativos, según el estudio del economista investigador de Fedea y experto en Seguridad Social. Entre otras cosas, y según su justifica su análisis, podría fomentar la figura del falso autónomo; aumentar la inequidad entre los asalariados y los autónomos, favoreciendo a estos últimos o resultar neutra en términos de ingresos pero no de gastos en el medio y largo plazo. La decisión de establecer para una buena parte de los trabajadores autónomos bases y cuotas inferiores a los mínimos del Régimen General de asalariados para un contrato a tiempo completo, "puede generar competencia desleal con las empresas y profundiza el riesgo del uso de la figura del falso autónomo disminuyendo la calidad del empleo". Otro fraude susceptible de llevarse a cabo: "la ocultación de ingresos por los autónomos para pagar menos cuota, afectando también a la recaudación del IRPF y el IVA". Con rendimientos netos superiores a la pensión máxima los autónomos cotizan siempre por debajo de ésta y, por tanto, no están obligados a realizar el esfuerzo exigido a los trabajadores asalariados cuya base de cotización máxima es superior en un 28% a la pensión máxima. La relación entre los rendimientos netos declarados por los afiliados al RETA y la base mínima de cotización de cada tramo es decreciente a medida que aumentan los rendimientos.