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Así, de los 908 convenios firmados durante el pasado año, el 10,78% incluye planes de pensiones. Respecto a la modalidad de convenio, los de empresa han registrado un menor índice de planes de pensiones para sus empleados. El año pasado se firmaron 685 de este tipo de convenio, con 201.537 empleados amparados, y tan solo el 5,64% de dichos convenios pactaron planes complementarios para la jubilación. Lo que supone 11.366 personas empleadas.

Una compañía de seguros pagará a una familia por la muerte de un hombre en un accidente de tráfico pese a conducir con una tasa de alcoholemia superior a la permitida y sin cinturón de seguridad. La víctima era beneficiaria de un seguro de asistencia familiar que cubría el riesgo de deceso. Será así porque, como ha remarcado la Audiencia Provincial de Badajoz en una reciente sentencia, la cláusula que excluye la cobertura en caso de negligencia o positivo en alcohol debe venir destacada en la póliza y no camuflada entre las demás. Cláusulas así deben ser aceptadas de forma expresa para que exista la seguridad de que el asegurado comprende lo que firma y está conforme. De lo contrario, son nulas.

El bono joven al alquiler, que será aprobado por el Consejo de Ministros del próximo martes y para el que el Gobierno ha reservado una partida de 200 millones de euros en los PGE de este año, recaerá principalmente en tres comunidades autónomas. Andalucía, Cataluña y Madrid, por este orden. La distribución final del fondo todavía no es definitiva. El bono no será compatible con otras prestaciones destinadas al alquiler que concedan las comunidades y ciudades autónomas, los ayuntamientos y el resto de administraciones públicas, detallan estas fuentes. Sin embargo, quedarán fuera de estas limitaciones los perceptores de prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. el Ejecutivo también trabaja en un seguro de impago para garantizar a los jóvenes de entre 18 y 35 años el pago de los arrendamientos durante un año. Esta ayuda consistirá, según ha detallado el propio Ministerio de Transportes, en la financiación por parte del Estado de un seguro privado de cobertura para un posible impago de la renta.

En concreto, al cierre del ejercicio el incremento retributivo medio pactado para 7,6 millones de trabajadores que habían firmado un nuevo convenio o revisado sus condiciones pactadas en años previos fue del 1,47% en diciembre, según los datos provisionales publicados por el Ministerio de Trabajo. Esto supone una fuerte pérdida de poder adquisitivo si se compara con el 6,7% de avance del IPC de diciembre, o incluso, según una medida más equitativa, respecto a la inflación media del año pasado que ronda el 3,1%.

El Senado ha dado el visto bueno definitivo a la ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, con la que se prevé reducir la interinidad del 30 al 8% en tres años y estabilizar los puestos estructurales ocupados por temporales desde hace más de tres años. Al no incluirse ninguna enmienda en el trámite en la Cámara Alta, la norma ha quedado definitivamente. La reforma, aprobada como decreto ley en julio tras el acuerdo alcanzado con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, contempla un último proceso de estabilización de todas las plazas de carácter estructural, dotadas presupuestariamente, ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31-12-2020.

Los Ertes de fuerza mayor disfrutarán de una exoneración del 90%. Las empresas deberán impartir formación. El Mecanismos RED varían según sean cíclicos o sectorial. Este fin de semana el Ministerio de Trabajo ha remitido a los agentes sociales que negocian la reforma laboral un nuevo documento centrado en los futuros Ertes y los Mecanismos RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo. Con esta nueva propuesta, el Gobierno pretender acercar un poco más las posturas para poder cerrar esta semana un acuerdo con empresarios y sindicatos.

El proyecto de ley que fija tres días de trabajo en remoto como norma general para los empleados públicos, amplía los plazos para residentes en zonas rurales o para facilitar la ocupación de puestos de difícil cobertura. La labor a distancia podrá ser del 100% en casos de fuerza mayor como nuevas pandemias. El proyecto legal que lo regulará no solo introduce la posibilidad de que los funcionarios trabajen de manera remota tres días por semana de forma ordinaria, sino que recoge también supuestos en los que podrán hacerlo habitualmente hasta el 90% de las jornadas mensuales, por ejemplo, para fomentar que residan en zonas despobladas, o hasta el 100% en situaciones puntuales de fuerza mayor, como puede ser otra pandemia.

Así la ha definido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. La mesa de diálogo se reunirá diariamente esta semana para cerrar el acuerdo antes de fin de año. El Estatuto de los Trabajadores es la norma más afectada en los cambios previstos. Por materias, la reducción de la temporalidad es el objetivo principal. En esta línea se aborda dentro del ET el artículo 15 que pretende colocar el empleo indefinido como el principal del mercado laboral español y limitar los temporales a aquellos picos de producción, previstos o imprevistos, con una causa justificada. Como relevante, se suprime el contrato de obra y servicio. El Gobierno ha renunciado a establecer límites porcentuales por sectores o por empresas de temporales según la plantilla. A cambio, delega en el convenio colectivo establecer dichos límites.