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El Ministerio de Hacienda está dispuesto a suavizar el protocolo de liquidación del nuevo impuesto sobre las transacciones financieras, la llamada Tasa Tobin. En concreto, el departamento que lidera la ministra María Jesús Montero ha impulsado una consulta pública sobre la regulación del cobro del nuevo tributo en la que propone eximir a los contribuyentes de tener que presentar una declaración anual de la tasa a cambio de aportar una mayor cantidad de información en su liquidación mensual. “Se prevé que las autoliquidaciones mensuales contengan una información muy completa, lo que hace innecesario la presentación de una declaración anual. De esta forma se libera a los sujetos pasivos de obligaciones formales”.

De momento, ha propuesto en la Mesa Tripartita que negocia la continuidad de los expedientes temporales de empleo que continúen como fuerza mayor aquellas empresas que están vinculadas al turismo, lo que no significa necesariamente todos los sectores relacionados con el turismo, según explican fuentes de la patronal. Estas mismas fuentes apuntan que se podrían quedar fuera empresas del transporte de autobuses o aerolíneas cuyas rutas no fuesen necesariamente turísticas. Igualmente, señalan que de los 800.000 trabajadores que actualmente están hoy en Erte, la futura prórroga, según la propuesta del Gobierno, podría amparar a unos 120.000.

La constitución de empresas aumentó en España en agosto un 8,4% respecto al mismo mes de 2019, hasta las 5.863 altas, según la última estadística del Registro Mercantil, publicada por el Colegio de Registradores. Se produce así una subida interanual en la creación de empresas tras una serie de cinco meses consecutivos de caídas iniciada a raíz de la declaración del estado de alarma por el coronavirus. En lo relativo a las operaciones de ampliaciones de capital, bajan en once regiones. En términos de volumen, se mantiene la recuperación iniciada en junio, con una caída del 11,1% en agosto en respecto al mismo mes del año anterior.

El fallo de la AN declara que la decisión empresarial está justificada y es proporcional. Concluye que el ERTE adoptado por la compañía era la única solución razonable para superar la crisis por la Covid-19. En su opinión, el teletrabajo es una medida adecuada para frenar la expansión del virus, pero no para ajustar el volumen de la mano de obra durante este periodo a las necesidades productivas. “Resulta carente de toda lógica suponer que la situación de crisis patronal que pudiera implicar un excedente coyuntural de plantilla desaparezca por el hecho de que los servicios se presten en régimen de teletrabajo”, sentencia

La Seguridad Social reconoce el cambio de criterio en una nota emitida desde el área de impugnaciones de la subdirección general de ordenación e impugnaciones de la propia Tesorería General de la Seguridad Social. En el documento 252/2020-1.1 se recuerda las diferentes sentencias que contravenían el criterio inicial de denegar la tarifa plana a este tipo de autónomos. Tres sentencias del Tribunal Supremo han sido necesarias para que la Seguridad Social cambie de criterio. En consecuencia, reconoce que procederá estimar los recursos de alzada que se formularan sobre la cuestión. Es más, abre la puerta a revisiones de solicitudes denegadas con anterioridad. Los interesados podrán revisar resoluciones en firme.

Por un lado, trabajar un solo día a la semana (el 20% de la jornada laboral) no será suficiente para que se considere teletrabajo y, por tanto, las empresas no tendrán que abonar los costes. Peró, por otro, también ha optado por reducir el periodo transitorio para que se adapten las empresas que actualmente cuentan con teletrabajo. En Ertes hay que esperar a ver cuál es la postura que presenta el Gobierno a los líderes de las patronales y sindicatos este viernes, pero las sensaciones son buenas como mostró el secretario general de UGT.

Así lo auguran los laboralistas consultados, que prevén que la incertidumbre sobre la apertura de las aulas empujará a muchos trabajadores a solicitar seguir desempeñando sus funciones en remoto. Y, en muchos casos, anticipan, las compañías se verán forzadas a concederlo incluso en contra de su voluntad. Para evitar que se dispare la conflictividad, recomiendan anticiparse y empezar ya negociar. Aconseja a las empresas se doten de un protocolo de teletrabajo con pautas objetivas para valorar cuándo se concede y cuándo no. Si además el plan está pactado con el comité de empresa, este será bien valorado por los jueces.

Si se acogieron a los aplazamientos impositivos del primer trimestre de este año, aplicados por el Gobierno entre las medidas para salvar las dificultades creadas por el confinamiento durante el estado de alarma. Según los datos hechos públicos por Hacienda, se han beneficiado de esta medida extraordinaria en torno a 638.652 autónomos y pymes, dando como resultado un importe aplazado total que supera los 3.031 millones de euros. La fecha a partir de la cual se empezarán a pagar intereses de demora es el 20 de septiembre, aunque al pago de los impuestos seguirá en periodo ejecutivo hasta el próximo 20 de noviembre.