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EN PALMA DE MALLORCA

Los magistrados recuerdan que la indemnización no fue solicitada por el beneficiario en su demanda inicial, y que este concepto no podía concederse de oficio por el juez. Los magistrados plantean que la controversia consistía en determinar “si el juzgado de lo social incurrió en incongruencia por exceso”, es decir, si el juez unipersonal estaba facultado para reconocer una compensación por los daños morales causados cuando, en realidad, el litigante “no había reclamado ninguna indemnización”, relatan. Un juez no puede conceder lo que el ciudadano no solicitó en su escrito inicial de demanda, recuerda la Sala

El TC ha validado el incremento del impuesto catalán a las instalaciones energéticas, conocido como la ecotasa, aprobado por el Govern en 2022. Endesa recurrió esta actuación ante el TSJ de Cataluña, que en fecha de julio de 2024 elevó una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC para dirimir la legalidad de la medida. Se cuestionaba el empleo de un decreto-ley, mecanismo reservado para actuaciones extraordinarias y urgente. El Constitucional considera que el gobierno catalán obró adecuadamente al elegir esta vía legal: "De las diversas fuentes citadas, se extrae la conclusión de que la aprobación de la norma se justifica en la necesidad de responder de forma rápida a la crisis energética causada por la guerra de Ucrania, con medidas que aceleren la transición y la autonomía energética".

Catalunya ha empezado ya a tramitar sanciones por incumplimientos en el tope a los alquileres que rige en prácticamente todo el territorio. La consellera de Territori y Habitatge ha avanzado este miércoles en el Parlament que su departamento tramita en la actualidad 30 expedientes por incumplimientos de la ley que limita las rentas desde el año pasado, la mayoría, en el área metropolitana de Barcelona. El sector inmobiliario y los propietarios han recibido la noticia de los primeros expedientes con sorpresa. Consideran el dato de 30 incoaciones “irrelevante” si se tiene en cuenta todo el parque de alquiler, lo que indica, a su juicio, que se está cumpliendo el tope de rentas de forma mayoritaria.

Hacienda da por notificada una comunicación electrónica en el momento en el que el contribuyente accede a ella, aunque no tenga la obligación de relacionarse con el fisco por esta vía e independientemente de que después la reciba por vía postal. Así lo establece la Dirección General de Tributos en tres consultas. Indica que solo las empresas o determinadas personas que determine Hacienda por su capacidad económica o dedicación profesional están obligadas a relacionarse vía online con la Administración. Sin embargo, los particulares no, por tanto, pueden decidir comunicar en cualquier momento a la Administración que las notificaciones dejen de efectuarse por vía electrónica. Además, si el procedimiento lo inicia el propio contribuyente, puede comunicar el medio por el que quiera que se le practiquen las notificaciones. Por tanto, concluye que la notificación electrónica se entiende practicada en el momento en que se accede a su contenido de manera voluntaria.