ASESORES Y CONSULTORES
EN PALMA DE MALLORCA

La DGT termina con las dudas y confirma que la asunción de la deuda hipotecaria por el comprador no genera un nuevo pago del Impuesto sobre AJD. En concreto, aclara en una consulta vinculante que la subrogación del deudor hipotecario que se produce en el contexto de una compraventa de un inmueble no está sujeta a la cuota gradual de la modalidad de AJD del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Tal y como concluye Tributos, "dicha subrogación no produce una inscripción distinta de la que origina la propia transmisión del inmueble" y ello "porque se entiende que la única operación inscribible es el cambio de titularidad el bien transmitido que garantiza la hipoteca", dado que "no se vería afectada la hipoteca en sí misma considerada, ya que permanece inalterada".

El alto tribunal fija doctrina y aclara que la aplicación de la reducción del 60% sobre las ganancias netas por el arrendamiento de viviendas se aplica, en el caso de comprobación por parte de la AEAT, al total del importe regularizado por el fisco, y no solo a la cantidad inicialmente fijada por el casero en la declaración. La AEAT, representada por la Abogacía del Estado, defendía ante el Supremo que podía extender los efectos de la Ley de 2021, a los casos previos a ese ejercicio. El Supremo tumba el argumento dado por Hacienda sobre que la Ley de 2021 se podía extender a ejercicios anteriores e indica que los preámbulos de una norma explican la intención que tiene el legislador al aprobar una ley, pero que "carecen de valor normativo directo para regular relaciones y situaciones jurídicas".

Este anuncio ha desatado un debate especialmente sensible en aquellos territorios, como la Región de Murcia, donde actualmente se aplica una bonificación del 99% para familiares directos. La medida, aún en fase de estudio, pretende reducir las grandes disparidades entre territorios. Al margen de la posición política, también desde el ámbito jurídico hay voces que advierten de los problemas del sistema actual, que consideran que el desequilibrio entre comunidades “es excesivo” y que no puede justificarse desde el principio de equidad. “La existencia de 19 regímenes distintos genera confusión y desconfianza. La seguridad jurídica se ve claramente afectada”, advierten los expertos.